- El 66% de la población española posee competencias digitales básicas, cifra superior a la media de la Unión Europea, pero que aún deja a más de un tercio de la población con habilidades insuficientes para desenvolverse con plena autonomía en entornos digitales.
- “Disponer de infraestructura no equivale a garantizar el derecho a la conectividad si no se acompaña de políticas que aseguren accesibilidad económica, formación y acompañamiento comunitario”, afirma Gemma Úbeda, coordinadora del proyecto Brecha digital de la operadora de telefonía consciente Somos Conexión.
La cooperativa de telecomunicaciones éticas Somos Conexión alerta de que la brecha digital continúa siendo una de las principales formas de desigualdad estructural en la sociedad actual y que su origen no reside únicamente en la edad o la falta de habilidades individuales, sino de manera muy significativa en la desigualdad económica y en el acceso real a recursos digitales básicos.
En un contexto en el que el acceso a internet y a los servicios digitales se ha convertido en un requisito indispensable para estudiar, trabajar, emprender, comunicarse o ejercer derechos fundamentales, millones de personas siguen quedando al margen del entorno digital. Según el último informe “Facts and Figures 2025” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), alrededor de 2,2 mil millones de personas aún permanecen sin conexión a internet en 2025, lo que representa casi una cuarta parte de la población mundial, con brechas profundas por nivel de ingresos, género y territorio.
Aunque el número global de usuarios de internet ha aumentado —estimándose que unos 6.000 millones de personas estuvieron conectadas en 2025— la inclusión sigue siendo desigual: mientras en países de altos ingresos el uso supera el 90%, en economías de bajos ingresos apenas alcanza el 23% y persiste una brecha rural-urbana considerable. La brecha no solo se manifiesta en quienes no pueden conectarse, sino también en la calidad de la conexión, el coste de los servicios, el acceso a dispositivos adecuados y las competencias digitales necesarias para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la red.
En el caso de España, aunque la cobertura de banda ancha ultrarrápida alcanza más del 95% de los hogares y supera ampliamente la media europea, persisten desigualdades en la capacidad de uso efectivo y en las competencias digitales. El Informe del Estado de la Década Digital 2025 destaca que aproximadamente el 66% de la población española posee competencias digitales básicas, cifra superior a la media de la Unión Europea, pero que aún deja a más de un tercio de la población con habilidades insuficientes para desenvolverse con plena autonomía en entornos digitales.
“Disponer de infraestructura no equivale a garantizar el derecho a la conectividad si no se acompaña de políticas que aseguren accesibilidad económica, formación y acompañamiento comunitario”, afirma Gemma Úbeda, coordinadora del proyecto Brecha digital, de la operadora de telefonía consciente Somos Conexión y añade “la brecha digital no se resuelve solo con más tecnología, sino con justicia social. Si una persona no puede pagar una conexión, no tiene un dispositivo adecuado o no sabe utilizar los servicios digitales, queda excluida de derechos básicos y oportunidades”.
La digitalización acelerada de servicios públicos y privados ha convertido internet en una puerta de acceso casi obligatoria a la vida cotidiana. Solicitar ayudas sociales, pedir cita médica, acceder a formación, realizar trámites administrativos o participar en procesos laborales depende cada vez más de canales digitales. Cuando estos se convierten en la única vía disponible, las personas sin recursos económicos o competencias digitales suficientes quedan en una situación de desventaja estructural que refuerza otras formas de exclusión ya existentes.
“La alfabetización digital debe entenderse como una herramienta esencial de inclusión social y económica. Aprender a utilizar las tecnologías de manera autónoma, crítica y segura no puede ser un privilegio reservado a quienes disponen de tiempo y recursos, sino un derecho garantizado a través de políticas públicas, iniciativas comunitarias y modelos de conectividad con criterios sociales”, concluye Úbeda.
