- Redes de telecomunicaciones, centros de datos y servicios cloud concentran la preocupación por una dependencia tecnológica que limita el control sobre información e infraestructuras críticas.
- Expertos de i3e y cdmon ponen el foco en dos frentes: reducir la dependencia de tecnología exterior y conocer dónde se alojan los datos, quién accede a ellos y qué legislación los protege.
El 86% de los españoles considera prioritario que España disponga de capacidades propias en ciberseguridad para reducir su dependencia de proveedores extranjeros y mantener un mayor control sobre sus datos. Así lo recoge el informe Soberanía digital en Europa 2026, elaborado por Telefónica junto a Metroscopia, que sitúa en primer plano un debate que lleva meses ganando peso en el sector tecnológico.
La preocupación va más allá de la ciberseguridad. Ocho de cada diez españoles consideran que Europa depende excesivamente de empresas tecnológicas de otros países, mientras que un 62% cree que su presencia puede representar una amenaza para la seguridad europea. En paralelo, el informe constata una elevada desconfianza sobre el uso y la protección de los datos personales.
Para Sergio García Estradera, gerente de i3e, la cuestión no se limita al lugar donde se almacena la información: “El debate sobre la soberanía del dato lleva meses encima de la mesa. También tenemos que preguntarnos quién controla la infraestructura por la que circulan nuestros datos, qué proveedores intervienen y hasta qué punto tenemos capacidad para operar si dependemos de tecnología desarrollada fuera de Europa”.
El propio estudio apunta precisamente en esa dirección: el 77% de los ciudadanos considera las redes de telecomunicaciones una infraestructura crítica para la soberanía digital. Y es que el control de los datos está cada vez más ligado al control de la tecnología y de las infraestructuras que permiten almacenarlos, procesarlos y transmitirlos.
De proteger los datos a controlar la infraestructura
El debate ya ha alcanzado a las administraciones públicas. En Cataluña, la Generalitat está desplegando XCAT, su red pública de fibra óptica, con el objetivo de conectar miles de sedes y servicios públicos a una infraestructura de titularidad pública. El proyecto, valorado en cerca de 127 millones de euros, contempla conectar 5.419 sedes y utiliza tecnología de distintos proveedores, entre ellos Huawei.
Para García Estradera, este tipo de proyectos demuestra que la soberanía debe analizarse a lo largo de toda la cadena tecnológica. “Podemos desarrollar infraestructuras propias y trabajar con empresas locales, pero hay que analizar también de qué tecnología dependen esas infraestructuras. La soberanía tecnológica no consiste en cerrarnos al exterior, sino en evitar dependencias que puedan convertirse en vulnerabilidades estratégicas”.
La soberanía del dato también es una cuestión de jurisdicción
A la dependencia tecnológica se suma otro factor: qué legislación protege los datos y qué garantías existen cuando estos salen del espacio europeo. Desde cdmon, compañía especializada en hosting y dominios, señalan que conocer dónde está alojada la información y el marco legal al que está sometido el proveedor forma parte de la estrategia de protección del dato.
“Durante mucho tiempo nos hemos centrado en proteger el dato frente a un ciberataque, pero la soberanía digital introduce una pregunta adicional: ¿bajo qué jurisdicción está ese dato? Una empresa debe saber dónde se almacena su información, quién puede acceder a ella y qué legislación se aplica al proveedor que la custodia”, señala Miguel Ortega Haro, director de procesos y seguridad de cdmon.
La normativa europea no obliga de forma general a que los datos personales permanezcan físicamente en servidores situados dentro de la UE, pero sí establece condiciones específicas cuando se transfieren fuera del Espacio Económico Europeo, precisamente para garantizar que mantengan un nivel adecuado de protección. Estas transferencias pueden realizarse, entre otros mecanismos, mediante decisiones de adecuación o garantías como las cláusulas contractuales tipo.
Por ello, Ortega Haro señala que trabajar con infraestructuras y proveedores sometidos al marco jurídico europeo puede facilitar la gobernanza de la información: “No se trata de afirmar que un dato fuera de Europa esté desprotegido, sino de tener el máximo control posible sobre su recorrido, su tratamiento y las normas que lo protegen”.
El informe confirma que la ciudadanía reclama avanzar en esa dirección. Casi nueve de cada diez españoles quieren que Europa disponga de sus propias plataformas y tecnologías, una demanda que plantea un reto que va más allá de desarrollar alternativas locales: conseguir que empresas y administraciones sepan de qué tecnologías dependen y mantengan capacidad real de decisión sobre sus infraestructuras y sus datos.
