El próximo jueves, 22 de febrero, tendrá lugar una primera votación de las enmiendas presentadas por los grupos políticos a la Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento sobre la lucha contra la morosidad.
Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios GPP y ECR van encaminadas a recuperar el pacto entre las partes, lo cual podría permitir plazos de pago más largos a los previstos por el reglamento, tal y como sostiene la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad). Concretamente, proponen:
- La posibilidad de alargar los plazos de pago a más de 30 días, siempre que se especifique en contrato y el alargamiento no sea “manifiestamente injusto” para el acreedor. Es difícil esperar que las cláusulas contractuales indiquende manera explícita algo que pueda interpretarse como manifiestamente injusto, por lo que estamos ante una contradicción en sus propios términos.
- Que lo anterior no se aplique entre Pymes y grandes empresas o la Administración Pública. Sin embargo, la experiencia demuestra que las compañías más grandes disponen de los medios para obviarla si, por ejemplo, se firmaran los contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño, lo cual sería difícil de demostrar por parte de los perjudicados. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que también se pueden dar abusos en los contratos entre grandes empresas, ya que también hay diferencias importantes de tamaño y desequilibrios de fuerzas dados por posiciones dominantes de algunos compradores.
- La propuesta también incluye la eliminación del control de pagos a subcontratistas en la contratación pública. Por tanto, se perjudica a los subcontratistas, que cobrarán sus facturas a mayores plazos, sin control alguno ni responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas.
AFME está totalmente alineada con la posición de la PMcM y pedimos a los grupos políticos europeos que aprueben el reglamento sobre morosidad propuesto por la Comisión europea para evitar pasos atrás que nos llevarían a perpetuar los abusos de posición dominante. Y sin excepciones por tamaño de empresa, ya que se trata de una problemática que afecta tanto a Pymes como a grandes empresas.
Si la parte económicamente más débil debe financiar a la más fuerte se pierde el equilibrio que las enmiendas pretenden erróneamente transmitir. La libertad de plazos de pago puede no ser equitativa, mejorando a una parte a costa de la otra. La ley debe tener en cuenta las diferencias entre las partes para asegurar que el resultado sea neutro.
